Redacción/Entérate México
Ciudad de México, 25 de abril de 2016
Gracias al contubernio con funcionarios federales, que violaron múltiples disposiciones legales, Pedro Topete Vargas es formalmente -sin licitación de por medio y sin tener ninguna experiencia en el ramo- el concesionario de una de las rutas ferroviarias más crucial para la seguridad nacional, el tren popularmente conocido como “La Bestia”.
Esto a pesar de que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) lo tiene en la lista negra de contribuyentes, y que la Procuraduría General de la República (PGR) lo investiga por extorsión, espionaje y lavado de dinero, informó en su edición semanal IMPACTO, La Revista.
El también dueño de Infraiber, adquirió por compra-venta la concesión original del tren que se otorgó en 1999 a la empresa norteamericana Genesee & Wyoming Inc (G&W), en el sexenio pasado del panista Felipe Calderón.
La editorial destacó que el caso es un mar de ilegalidades y tiene en un dilema al gobierno de Enrique Peña Nieto, que se encuentra emplazado a devolver la operación de la ruta al nuevo concesionario o desconocer todo lo actuado en este caso; esto significaría proceder en contra de funcionarios públicos del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, incluido los propios ex titulares de la SCT Dionisio Pérez-Jácome Friscione y Juan Molinar Horcasitas, éste último ya fallecido.
De acuerdo con IMPACTO, los funcionarios calderonistas avalaron los informes y los dictámenes de funcionarios bajo su mando, los cuales convalidaron la venta de la concesión y aceptaron al nuevo concesionario, a pesar de no tener experiencia alguna en el ramo ferroviario, que fue una de las condiciones para la apertura a la inversión privada del sector.
La importancia de la mole de acero, que es asediada hasta por la delincuencia, destaca la revista, radica en que recorre casi un mil 500 kilómetros de vías en cinco estados del Sureste y está en el centro del problema migratorio de México, Centroamérica y Estados Unidos.
La editorial también expuso que la complicidad llegó al grado de que funcionarios de la SCT - plenamente identificados como facilitadores de los planes de Topete Vargas- eximieron al nuevo concesionario de hacer inversiones, comprometieron recursos públicos para obras de mantenimiento de las vías y pactaron hacer gestiones ante otras empresas del estado, como CFE y Pemex, para garantizarle clientes e ingresos a los nuevos dueños.
Más aún: Ampliaron el plazo de la licencia, que pasó de 30 a 50 años, subrayó la investigación de IMPACTO; esta decisión se firmó en las oficinas de Pérez Jácome unos cuantos días antes de la conclusión del gobierno calderonista, el mismo modelo de negocio que caracteriza las operaciones de Pedro Topete con el mundo gubernamental: Sin licitación, opacidad de por medio y asignaciones que ocurren en los últimos días del sexenio, como sucedió con Infraiber en el Estado de México o con la concesión Río de los Remedios. Operaciones multimillonarias al cierre de las administraciones.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario