Confía el integrante del GIEI en que Peña Nieto dé viraje a la investigación. “Si persisten los obstáculos el asunto seguirá abierto por años”.
Redacción /Entérate México
Ciudad de México, 26 de abril de 2016
Durante poco más de un año los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) trabajaron de forma minuciosa en el caso Ayotzinapa. Con la claridad que les da contar con un conocimiento “global” del tema aseguran que las investigaciones de las autoridades mexicanas sobre esos hechos no se han apegado a los más altos estándares internacionales. Por el contrario, se construyó una historia contradictoria. Cuidadosos ante todo, no se arriesgan a decir si esto fue intencional.
En entrevista con La Jornada, Carlos Beristain, uno de los cinco expertos de ese grupo formado en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la firma de un acuerdo con el Estado mexicano y las familias de las víctimas, enfatiza que las indagatorias de la Procuraduría General de la República (PGR) han dejado de lado evidencias que están en el propio expediente.
“No han contrastado información ni datos, se han centrado sobre todo en declaraciones y confesiones –obtenidas muchas veces bajo tortura–, hay indicios de la siembra de pruebas, que debe ser indagada a fondo, entre otras irregularidades y obstáculos”.
Deficiencias en el ámbito federal
Las deficiencias en la investigación –sostiene– son responsabilidad de las autoridades del ámbito federal, aunque manifiesta su confianza en que la administración de Enrique Peña Nieto pueda dar un viraje y apegar las diligencias del caso a los estándares internacionales. “Llegar a una resolución efectiva es lo más saludable para México, se toque a quien se toque”.
El pasado domingo, el GIEI presentó su segundo y último informe sobre Ayotzinapa, pues el 30 de abril concluirá su mandato en el país luego de que el gobierno federal se negó a prorrogar su estancia.
–¿Se van satisfechos?
–Sí, por el trabajo realizado. Hemos hecho una contribución efectiva al país y al caso Ayotzinapa; hemos ayudado a que se avance en la investigación, a que los familiares tengan mayor espacio de diálogo con el Estado.
“Pusimos sobre la mesa los problemas de la investigación, de la atención a las víctimas y de las búsquedas (de desaparecidos) no sólo de éste, sino de muchos otros casos en el país. Presentamos una serie de recomendaciones que es necesario atender de manera profunda para que haya un cambio en esa relación entre violencia e impunidad.
“Nos vamos con la preocupación de qué pasará en el futuro, de cuáles son los mecanismos de seguimiento que se acordarán, cómo se acompañará y apoyará a los familiares: que no se les estigmatice, así como los problemas de seguridad que puedan tener”.
–En el informe detallan una serie de obstáculos e inconsistencias en la investigación de la PGR. ¿Hay confianza en que esa dependencia corrija?
–Lo único que podemos hacer es visualizar los problemas, explicar cuáles son, documentar qué impacto han tenido y hacerlos públicos.
–¿Qué les pareció que Peña Nieto haya asegurado que el informe se analizará?
–Nos parece bien que haya una respuesta positiva del Presidente. Pero se necesita una determinación clave desde las más altas instancias del Estado para la resolución del caso; debe haber muestras que ayuden a superar los obstáculos que hemos señalado; esa sería una señal efectiva de transformación.
–¿Qué representa para el GIEI el caso Ayotzinapa?
–Una visión de un hecho traumático masivo a partir de unas atrocidades cometidas, como la desaparición de 43 estudiantes, los seis asesinados y los heridos. Llama la atención que a diferencia de otras desapariciones forzadas, que se mantienen en la clandestinidad, aquí hay un operativo de gran magnitud que deja muchos testigos y con varias autoridades que tuvieron conocimiento de lo que sucedía en el momento en que pasaba y no reaccionaron frente a la acción.
“Y en términos de la investigación hay muchas cosas a las que nos enfrentamos. Muchos funcionarios empujando para llegar a una resolución, pero al mismo tiempo muchos otros obstaculizando y fragmentando la indagatoria, más pendientes de que se cumpla con ciertas respuestas para nosotros en lugar de impulsar líneas que lleven a la solución.
“Se necesitan cambios de personas (dentro de las instancias gubernamentales), se requiere de comportamientos más proactivos y abiertos. Vemos que no hay capacidad crítica frente a las órdenes que se reciben; necesitamos funcionarios con esa capacidad para poder evaluar, decidir y tener criterio técnico para poder incluso decir que no”.
–¿El Ejército tiene algún grado de responsabilidad?
–Lo quisimos investigar, pero no se nos dejó. No sólo fue el rechazo a las entrevistas con los militares, tampoco pudimos acceder a documentación de informes de inteligencia previos sobre la situación, a bitácoras del funcionamiento del batallón esa noche, a planes de acción ni a cadenas de responsabilidad. Hubo presencia de soldados en lugares clave y no se ha considerado en la investigación oficial. Son elementos que se deben aclarar para establecer las responsabilidades; es un deber del Estado, toque a quien toque.
–¿Era necesario más tiempo para el GIEI?
–Si hubiéramos tenido mayor tiempo habríamos llegado a más cosas. Pero desde enero de este año aumentaron los obstáculos y dificultades para nuestra investigación. En esas condiciones no se puede seguir trabajando.
–¿Fue una estrategia oficial para obstaculizar su labor?
–De ser así no estaríamos aquí. Fue el Estado el que junto con las víctimas nos pidieron y permitieron trabajar en México. Lo que vemos es que hay sectores (funcionarios y analistas de medios de comunicación) que se atribuyen la representación del Estado y hablan en su nombre. Eso no ayuda a México a generar la credibilidad y un manejo más abierto y responsable sobre las violaciones de derechos humanos.
–¿Qué les faltó?
–Que se llevaran a cabo muchas diligencias que pedimos; en la última semana se tomaron 60 declaraciones más, las cuales no podremos evaluar y menos incluir en nuestro informe.
“Faltan las líneas de investigación sobre el quinto autobús (que podría estar relacionado con el trasiego de drogas de Iguala a Chicago) y la asistencia jurídica internacional. Falta investigación sobre telefonía, evaluar la toma de declaraciones y otras pruebas que se puedan pedir en torno a la actuación de los diferentes cuerpos de seguridad en la zona.
“Falta volver a entrevistar a los inculpados para ver si podemos tener otras informaciones que nos ayuden no sólo a documentar el trato, sino que nos den pistas de investigación”.
–¿Qué sigue después del GIEI?
–La investigación todavía tiene mucho camino por delante. Si siguen los obstáculos el caso estará abierto años.
“Es fundamental que en este país se vea que los problemas no son de sexenios, las desapariciones forzadas son un problema que se viene dando hace varios años y resolverlo es parte de la responsabilidad internacional de México. Es mucho más inteligente enfrentar y resolver el caso que no hacerlo o dejarlo a medias”.
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